El transporte público gratuito ha ganado relevancia en el debate sobre movilidad urbana en diversas ciudades del mundo. Países como Estonia y Luxemburgo ya han implementado esquemas de transporte sin costo para sus ciudadanos, lo que ha generado interés en otras regiones, incluyendo América Latina y el Caribe. Sin embargo, la implementación de un sistema de transporte gratuito en esta región, que enfrenta una serie de desafíos socioeconómicos, logísticos y financieros, plantea varias interrogantes.
En primer lugar, es necesario entender la situación actual del transporte público en la región. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 85% de la población en América Latina vive en áreas urbanas, lo que genera una demanda masiva de transporte público. A pesar de esto, muchos de los sistemas de transporte en la región están sobrecargados, mal financiados y enfrentan problemas de infraestructura. Ciudades como Ciudad de México y Sao Paulo tienen redes de transporte que diariamente movilizan a millones de personas, pero el servicio a menudo es percibido como ineficiente y de mala calidad. En este contexto, el desafío de ofrecer transporte gratuito es doble: por un lado, mejorar el servicio y, por otro, encontrar una fuente de financiamiento sostenible.
El financiamiento es una de las principales barreras para la implementación de un transporte público gratuito. Actualmente, los sistemas de transporte en la mayoría de las ciudades latinoamericanas se financian a través de la tarifa que los usuarios pagan, sumada a subsidios gubernamentales. Según datos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), entre el 40% y el 60% de los ingresos de los sistemas de transporte provienen directamente de las tarifas. Eliminar este ingreso implicaría que los gobiernos locales tendrían que cubrir la totalidad del costo operativo, lo que podría representar una carga insostenible en economías ya de por sí limitadas. Por ejemplo, en Santiago de Chile, el costo del sistema de transporte público en 2022 fue de aproximadamente 3 mil millones de dólares, una cifra difícil de cubrir exclusivamente con fondos públicos.
Otro aspecto a considerar es el impacto que tendría el transporte gratuito en la demanda del servicio. En muchas ciudades de la región, el transporte público ya opera al límite de su capacidad. En Ciudad de México, el metro transporta más de 4.5 millones de pasajeros al día, según datos del Sistema de Transporte Colectivo. Si el acceso al transporte fuera gratuito, es probable que la demanda aumentara significativamente, lo que podría llevar a una mayor saturación de los sistemas y a un deterioro en la calidad del servicio. Los ejemplos internacionales muestran que la demanda de transporte público aumenta en promedio entre un 10% y un 30% tras la eliminación de tarifas. Sin un plan adecuado de expansión y modernización de la infraestructura, el transporte gratuito podría agravar los problemas de movilidad urbana en lugar de resolverlos.
Sin embargo, la gratuidad del transporte también podría tener beneficios significativos. En una región donde la pobreza y la desigualdad son problemas estructurales, el acceso gratuito al transporte público podría mejorar considerablemente la calidad de vida de las personas más vulnerables. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, en muchas ciudades latinoamericanas, los hogares de menores ingresos gastan entre el 15% y el 25% de sus ingresos en transporte. Al eliminar este costo, los gobiernos podrían ayudar a reducir la desigualdad y facilitar el acceso de los ciudadanos a oportunidades de empleo, educación y salud. Esto, a su vez, podría generar un impacto positivo en la economía general de la región.
La viabilidad de implementar transporte público gratuito también depende de la capacidad de los gobiernos locales para captar ingresos alternativos. Algunas ciudades han considerado fuentes de financiamiento innovadoras, como el cobro de peajes urbanos, impuestos a desarrollos inmobiliarios en zonas beneficiadas por el transporte público, o contribuciones de empresas que se benefician de la movilidad de los trabajadores. En Tallin, Estonia, donde el transporte público es gratuito desde 2013, el financiamiento proviene de un aumento en los impuestos locales y de la atracción de nuevos residentes a la ciudad. Sin embargo, replicar este modelo en América Latina sería un desafío debido a las diferencias en la estructura fiscal y en la capacidad de los gobiernos para recaudar impuestos de manera efectiva.
Un factor adicional es la voluntad política para implementar un cambio de esta magnitud. En América Latina y el Caribe, donde la corrupción y la ineficiencia gubernamental siguen siendo problemas importantes, la implementación de un sistema de transporte gratuito requeriría una sólida gobernanza y una administración transparente. Esto no solo garantizaría que los fondos se utilicen de manera adecuada, sino que también ayudaría a ganar la confianza de la ciudadanía en la viabilidad del proyecto. Sin un liderazgo político fuerte y comprometido, es probable que cualquier intento de introducir transporte público gratuito enfrente grandes obstáculos.
La tecnología y la innovación también jugarían un papel fundamental en la transición hacia un sistema de transporte gratuito. La digitalización del transporte público, la implementación de sistemas inteligentes de transporte (ITS) y el uso de Big Data permitirían optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia del sistema. En ciudades como Bogotá y Curitiba, donde ya se utilizan sistemas avanzados de monitoreo del tráfico y gestión de rutas, la tecnología ha demostrado ser un aliado clave para mejorar la eficiencia del transporte público. Sin embargo, muchas ciudades de la región todavía no cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria para llevar a cabo estas innovaciones a gran escala.
Finalmente, el tema del transporte público gratuito también debe abordarse desde una perspectiva medioambiental. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el sector del transporte es responsable de aproximadamente el 35% de las emisiones de CO2 en la región. Un sistema de transporte público eficiente y gratuito podría incentivar a más personas a dejar sus automóviles en casa, lo que ayudaría a reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, para que esta transición sea efectiva, los sistemas de transporte deben estar en condiciones de absorber el aumento en la demanda sin perder calidad, lo que requiere una importante inversión en infraestructura y vehículos limpios.
En conclusión, si bien la idea de ofrecer transporte público gratuito en América Latina y el Caribe tiene el potencial de generar beneficios sociales, económicos y ambientales, su implementación está lejos de ser sencilla. Los desafíos relacionados con el financiamiento, la infraestructura, la demanda y la gobernanza hacen que este sea un objetivo a largo plazo, que requiere una planificación cuidadosa y un compromiso político y financiero significativo. Las ciudades de la región deberán evaluar de manera realista sus capacidades y recursos antes de embarcarse en este ambicioso proyecto.